El Gobierno del Perú presentó ante el Congreso de la República la proposición legislativa denominada Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE). El proyecto, impulsado por el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, busca establecer un marco jurídico para la supervisión, autorización y trazabilidad de la actividad minera a pequeña escala, en un contexto donde el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) tiene como fecha límite de su última prórroga el 31 de diciembre de 2026.
Incentivos para concesionarios y nuevos regímenes
El ministro Guillermo Shinno, quien promueve la norma para regular la comercialización minera, propuso la creación de dos regímenes. El primero es el ordinario, basado en permisos previos, y el segundo es el de consolidación, destinado a quienes estén registrados en el Reinfo. Este último proceso de formalización tendría una vigencia de 18 meses, iniciando el 1 de enero de 2027 y finalizando el 30 de junio de 2028.
Para incentivar que los dueños de concesiones firmen contratos de explotación por al menos tres años, la propuesta plantea disminuir los montos por derecho de vigencia y suprimir las penalidades. Asimismo, el proyecto busca proteger la seguridad jurídica del concesionario al trasladar la responsabilidad administrativa y ambiental únicamente al minero informal que busque formalizarse. No obstante, si no existe un contrato vigente, el titular de la concesión asumiría una responsabilidad solidaria por los daños ambientales.
Control financiero y supervisión técnica
La propuesta incluye la apertura de cuentas corrientes en el Banco de la Nación para los mineros informales con el fin de evitar el uso de efectivo y combatir el lavado de activos. Para agilizar la gestión, se implementaría una ventanilla única y una casilla electrónica en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
En el ámbito operativo, el proyecto plantea la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Formape), adscrito al MINEM, el cual operaría por cinco años. Este ente gestionaría la trazabilidad del mineral y emitiría autorizaciones. La supervisión de las plantas de beneficio quedaría a cargo de Osinergmin, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), con soporte de la Sunat y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para detectar el uso de testaferros.
Debates y posturas en el Congreso
La Comisión de Energía y Minas, presidida por la diputada Yenifer Paredes, inició el debate de la propuesta el 27 de octubre. En el seno de la comisión, existen diversas iniciativas adicionales. El diputado Víctor Piñán, del Partido Cívico Obras, propuso elevar el límite de producción para mineros a cielo abierto hasta las 5,000 toneladas diarias, aunque el MINEM, el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el OEFA ya habían calificado esta medida como no viable en noviembre de 2025.
Otras propuestas legislativas incluyen la regulación de maquinaria pesada incautada a la minería ilegal y la modificación de las tasas del Impuesto Especial a la Minería. Ante la proximidad del fin de la legislatura el 15 de diciembre, el diputado Frank Krklec sugirió la posibilidad de una sexta prórroga del Reinfo, condicionada a una depuración del padrón.
Impacto en la seguridad jurídica y operatividad
La aprobación de la Ley MAPE representa un cambio crítico para los titulares de derechos mineros y los pequeños productores. Para los concesionarios, la exención de responsabilidades ambientales mediante contratos formales reduce el riesgo legal frente a actividades de terceros. Para los mineros artesanales, el vencimiento del Reinfo el 31 de diciembre de 2026 implica que, de no aprobarse un nuevo marco o prórroga, perderían la protección penal actual.
La implementación de la casilla electrónica y el soporte del Formape podrían reducir las barreras administrativas para quienes buscan la legalidad. Sin embargo, la operatividad del sistema dependerá de la capacidad del Banco de la Nación para integrar a estos productores sin atraer flujos de dinero ilegal, un riesgo advertidopor el abogado ambiental César Ipenza.
